LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LAS CÁRCELES DE COLOMBIA

Artículo publicado en Colectivo de Abogados el 10 de septiembre de 2009

Las cárceles del mundo no son ajenas al trato discriminatorio y excluyente que
nos impone a las mujeres respecto a nuestra salud sexual y reproductiva.

Colombia no es un caso excepcional, las cárceles de mujeres en el país reproducen

la violación de los Derechos sexuales y reproductivos inherentes a nosotras
las mujeres, en parte porque la sociedad en su conjunto castiga a la mujer detenida
porque sale de los esquemas femeninos que se le han impuesto.

Hablar de la situación de Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en condición de detenidas es  referirse a la crisis humanitaria y de vulnerabilidad que sufre toda la población carcelaria. Las mujeres, que ante la falta de una política con perspectiva de género por parte del INPEC que apunte a la superación de roles y que busque el desarrollo integral de las mujeres, se subsumen en una condición de sumisión, culpabilidad, pobreza absoluta para ellas y para su núcleo familiar, lo que las lleva a seguir asumiendo una carga desventajosa y una debilidad emocional psicológica, social y económica dentro de la cárcel.

Las políticas de infraestructura carcelaria ignoran completamente las necesidades de las mujeres detenidas. En principio, debido a la falta de una perspectiva de género, las cárceles se construyen según referentes masculinos que no tienen en cuenta lugares ni condiciones como el de mantener un embarazo con el menor riesgo posible para las detenidas.

También existen torres o patios especiales en cárceles de hombresdónde se encuentran mujeres, lo cual
aumenta el riesgo de vulnerabilidad de los Derechos Humanos.

Y es que hablar de situación carcelaria en nuestro país no puede reducirse al problema del hacinamiento y a la precaria solución por parte del INPEC (la construcción de más cárceles masculinas con torres de mujeres) sino que es preciso remitirse a una infinidad de problemas que parten de la forma en la que se ve la
justicia en Colombia.

Es pertinente entonces mencionar un problema que afecta drásticamente a la población reclusa de mujeres. En primer lugar, la cobertura y la calidad del servicio de salud en niveles I y II sondeficientes ya que no se cuenta con un cuerpo médico las 24 horas. En la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, existen solo3 médicos para atender a una población de 1449 reclusas; estos médicos solo trabajan medio tiempo y muchos de ellos no cumplen con sus horarios, ni con el mínimo de citas recibidas. Además hay dificultad en la asignación de las mismas y en la remisión a medicina especializada,así como en la garantía de embarazos saludables y partos seguros.

En las reclusiones no se cuenta con ginecólogas o ginecólogos, ni pediatras en lugares dondehay niñas y niños. Las medicinas para ellas y para las/los menores son escasas, sólo se les suministran medicamentospara el dolor, en muchas ocasiones son las guardias quienes deciden a quién se atiende y a quién se le suministra medicamentos.
“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como la capacidad de procrear, y la libertad paradecidir si hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia..

En relación a la salud reproductiva entendida como lo mencionamos anteriormente, son violados y desconocidos
los derechos a los que se tiene acceso, lo cual se materializa en que, por ejemplo, si bien a las reclusas se les practican exámenes de seno y citologías, muchas veces no son entregados los resultados o no se les lleva el seguimiento, ni se cumplen las recomendaciones ni se suministran los medicamentos recetados.

Así mismo no hay una política integral y consciente para prevenir virus y ETS, de 2008 a 2009 se pasaron de 121 casos de VIH/SIDA a 242, muchos de estos sin tratamientos ni suministro de medicamentos.
En relación a la posibilidad de constituir una familia y elegir cuándo y cuántas hijas o hijos tener, las reclusas sufren una desigualdad drástica en relación a los hombres. En general, en las visitas conyugales muchas veces se exige un documento que demuestre legalmente la relación que se tiene con la persona que va a la visita, ya sea matrimonio por la iglesia o por lo civil, también la constancia de estar planificando lo cual reduce las posibilidades a elegir cuando y cuantas hijas o hijos tener y en relación a las detenidas políticas cuyos compañeros también se encuentran recluidos, se debe tramitar un permiso que puede durar hasta dos años en ser aprobado.

Gracias a la presión social ejercida contra la mujer, muchas detenidas son abandonadas por su pareja dejando desprotegidos a las y los hijos. Son también olvidadas por su familia agudizado esto, por la calificación de “malas” madres, que las hace perder la posibilidad de verlas pues según las autoridades judiciales y carcelarias no están en condiciones “socialmente aptas”. Por otra parte, quienes tienen sus hijas e hijos afuera, no pueden verlos sino cada fin de mes por el mismo argumento y además deben cumplir con una cantidad de requisitos que muchas veces son imposibles de cumplir.

Existe también una discriminación por parte de las guardias con el pretexto de la seguridad en lo que tiene que ver con el vestuario que han decidido adoptar las reclusas lesbianas. No se les deja ingresar ropa con la cual ellas se identifican y se sienten cómodas porque puede ser “inseguro” al cargar cosas peligrosas en ropa tan ancha. Son discriminadas y humilladas por su orientación sexual, en la mayoría de los casos más por las guardias que por las mismas reclusas.

Quienes están en embarazo o son madres de niños menores de tres años, no tienen garantías de partos y embarazos seguros y saludables. Aunque la ley establece que tres meses antes y tres meses después de dar a luz la mujer puede adquirir la casa por cárcel o domiciliaria, los tramites son a veces tan demorados e inservibles que las detenidas terminan dando a luz en la cárcel con muy malas condiciones de salubridad o en hospitales de los cuales son remitidas rápidamente a las reclusiones, sin seguridad medica ni garantías laborales que le aseguren un bienestar distinto al de ser llevado a las pésimas condiciones que ofrece el ICBF. Son realmente inhumanas las condiciones en las que vive la población reclusa en general y la falta de políticas que en verdad busquen la mejora de la calidad de vida para una “resocialización” eficaz.